Arrasate insta al Gobierno Vasco a que revise y modifique la normativa de los programas de alquiler social

El Ayuntamiento de Arrasate ha observado como varias vecinas y vecinos de Arrasate sufren hoy en día verdaderos problemas para hacer frente a los gastos de alquiler de su vivienda, una vivienda pública de alquiler social gestionado a través, en este caso, de Alokabide. “Realmente nos preocupa la actual situación de estas personas como consecuencia de la ausencia de unos alquileres realmente sociales que las amparen, protejan y ayuden”, han explicado desde el Ayuntamiento.

Y es que a día de hoy el Ayuntamiento de Arrasate está asumiendo las ayudas sociales de inquilinas/os de Alokabide con carencia de recursos para hacer frente al pago de sus alquileres con el fin de evitar posibles desahucios, razón por la cual el Consistorio tiene conocimiento directo de la realidad y precaria situación que atraviesan estas familias.

Es por ello que en vista de la actual situación Arrasate insta al Gobierno Vasco a que, de forma urgente, adopte decisiones y realice las modificaciones legales necesarias para que estas favorezcan a las personas más necesitadas y a su vez contribuyan en su bienestar y prevengan las realidades de pobreza y exclusión social que sufren hoy en día. “Una serie de medidas para prevenir y enfrentar este tipo de situaciones fueron debatidas y aprobadas en 2014 en el Parlamento Vasco y ahora es al Gobierno a quien le corresponde ponerlas en marcha y hacer que se cumplan”, han señalado desde el Ayuntamiento.

En relación a dichas medidas, el Consistorio pide al Gobierno Vasco que garantice que las rentas no superen el 30% de los ingresos de la unidad convivencial (incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad), que la renta sea revisada anualmente, que se establezcan mecanismos que permitan que estos inquilinos participen en la gestión de los gastos de comunidad y que refuercen los medios personales de Lanbide con el fin de trabajar con las personas inquilinas de Alokabide la gestión económica de su unidad familiar.

“Siendo las personas y en este caso las y los arrasatearras el principal eje de trabajo de este Ayuntamiento, es nuestra labor velar por sus intereses y garantizar su bienestar y, en este caso, esta petición y estas medidas persiguen el objetivo de poner fin a una situación de precariedad y exclusión social con el fin de garantizar una notable mejora en su calidad de vida”, han concluido desde el Ayuntamiento.